Las exigencias de gasto derivadas de la pandemia y la guerra coinciden con altos niveles de deuda y fuertes restricciones presupuestarias.
Justo cuando el aumento de las vacunaciones permitía abrigar esperanzas, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha interrumpido la recuperación económica mundial. Uno de los efectos más visibles a escala mundial ha sido la aceleración de los precios de los alimentos y la energía, que ha generado inquietudes en torno a posibles episodios de escasez de alimentos y aumentado los riesgos de desnutrición y tensión social. Los precios mundiales de los alimentos se incrementaron en marzo un 33,6% con respecto al año anterior, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Nuestro último Monitor Fiscal analiza cómo los gobiernos, frente a niveles de deuda históricos y el aumento de los costos de endeudamiento, pueden responder mejor a las necesidades urgentes. Pone el acento en la necesidad de aumentar la cooperación internacional.
Gran incertidumbre en torno a las perspectivas fiscales
Desde la crisis financiera mundial, las economías de todo el mundo han ido acumulando uno tras otro los legados de shocks precedentes. En 2020, las medidas fiscales extraordinarias que se pusieron en marcha en respuesta a la pandemia dieron lugar a un aumento de los déficits fiscales y la deuda pública.
Además, en un entorno sin precedentes, con aumento de la inflación y recuperaciones cada vez más divergentes, existía incertidumbre en torno a las perspectivas; y entonces Rusia invadió Ucrania, provocando un aumento repentino de los riesgos geopolíticos.
Los déficits y la deuda mundiales se están reduciendo desde niveles históricos, pero los riesgos en torno a las perspectivas son excepcionalmente altos y las vulnerabilidades están aumentando. Se prevé que la deuda pública mundial disminuya en 2022, para estabilizarse después en torno al 95% del producto interno bruto a mediano plazo, 11 puntos porcentuales por encima del nivel anterior a la pandemia. El inesperado alto nivel de inflación en 2020–21 contribuyó a reducir los coeficientes de endeudamiento; sin embargo, a medida que se endurezca la política monetaria para frenar la inflación, los costos de endeudamiento soberano se incrementarán, lo que reducirá el margen del gasto público y aumentará la vulnerabilidad de la deuda.
En las economías avanzadas, se proyecta que los déficits disminuyan, y las políticas se están desplazando desde el apoyo por la pandemia hacia la transformación estructural. Existe una incertidumbre excepcional en torno a las perspectivas fiscales en Europa, dada la guerra en Ucrania y sus efectos secundarios. En la mayoría de los mercados emergentes, los déficits se reducirán, aunque con grandes diferencias según el país. Los países de bajo ingreso, que ya sufren las secuelas de la pandemia, disponen de un espacio fiscal muy limitado para hacer frente al duro golpe de los efectos secundarios de la guerra.
Los distintos shocks también han generado nuevos riesgos para las finanzas públicas. Los gobiernos se ven sometidos a una fuerte presión para hacer frente al aumento de los precios de los alimentos y la energía. Para aliviar la carga sobre los hogares, garantizar la seguridad alimentaria y evitar las tensiones sociales, la mayoría de los gobiernos han anunciado medidas para limitar el aumento de los precios internos. Sin embargo, estas medidas podrían tener grandes costos fiscales y agravar los desajustes entre la oferta y la demanda mundiales, que ejercerían nuevas presiones sobre los precios internacionales y, posiblemente, darían lugar a escasez de alimentos y energía. Esta situación perjudicaría aún más a los países de bajo ingreso que dependen de la importación de energía y alimentos.
Además, la lucha contra la pobreza ha sufrido un gran revés, sobre todo en los mercados emergentes y los países de bajo ingreso. En relación con las tendencias anteriores a la pandemia, la crisis de COVID-19 ha llevado, en 2021, a 70 millones de personas más a una situación de extrema pobreza en todo el mundo. En muchas economías avanzadas, los hogares han contado con la protección del apoyo público directo o de planes de mantenimiento del empleo. Los hogares han gastado menos y ahorrado más debido al distanciamiento social, las restricciones a la movilidad y la incertidumbre sobre el futuro. Este exceso de ahorro supone una reserva importante, aunque, si se gasta con rapidez, podría empeorar el aumento de la inflación. La situación es mucho más grave en otros países con grandes cifras de población pobre, donde el aumento de la inflación podría empeorar la pobreza y agravar la crisis alimentaria.
La gestión de una crisis tras otra
Los gobiernos se enfrentan a decisiones difíciles en esta situación de gran incertidumbre. Deben centrarse en las necesidades de gasto más urgentes e incrementar los ingresos para financiar estos gastos.
Recomendamos estrategias fiscales ágiles adaptadas a las circunstancias individuales de cada país:
- En las economías más golpeadas por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, la política fiscal debe responder a la crisis humanitaria y a las perturbaciones económicas. Dado el aumento de la inflación y de las tasas de interés, el apoyo fiscal debe dirigirse a los más afectados y a los ámbitos prioritarios.
- En las naciones donde el crecimiento es más fuerte y las presiones inflacionarias se mantienen elevadas, la política fiscal debe continuar su giro desde el apoyo hacia la normalización.
- En muchos de los mercados emergentes y economías de bajo ingreso que se enfrentan al endurecimiento de las condiciones de financiamiento o al riesgo de situación crítica causada por el sobreendeudamiento, los gobiernos tendrán que priorizar el gasto e incrementar los ingresos para reducir las vulnerabilidades.
- Los exportadores de materias primas que se benefician del aumento de los precios deben aprovechar la oportunidad para recomponer las reservas.
Las respuestas de los gobiernos al aumento de los precios internacionales de las materias primas deben dar prioridad a la protección de los más vulnerables. Un objetivo fundamental es evitar que se produzca una crisis alimentaria, al tiempo que se mantiene la cohesión social. Los países con redes de protección social desarrolladas pueden desplegar transferencias monetarias temporales y focalizadas en los grupos vulnerables y, al mismo tiempo, permitir el ajuste de los precios internos. Estas medidas limitarán las presiones presupuestarias y generarán los incentivos adecuados para aumentar la oferta (por ejemplo, la inversión en energías renovables). Otros países podrían permitir un ajuste más gradual de los precios internos y utilizar herramientas existentes para ayudar a los más vulnerables durante esta crisis, así como adoptar medidas para fortalecer las redes de seguridad.
La escalada de los precios de los combustibles fósiles vuelve a destacar la urgencia de acelerar la transición hacia las energías limpias y renovables. Esta transición aumentaría la seguridad energética y contribuiría a cumplir la urgente agenda climática; nos hemos desviado drásticamente de la trayectoria para limitar el calentamiento global a 2 °C.
En torno al 60% de los países de bajo ingreso tienen un riesgo alto de situación crítica causada por el sobreendeudamiento o ya se encuentran en esa situación. Se enfrentan a efectos permanentes derivados de la COVID-19. Son especialmente vulnerables al aumento de los precios de los alimentos, dado el gran porcentaje del gasto alimenticio en los presupuestos de sus hogares. Estos países necesitan apoyo de la comunidad internacional.
Aunque la necesidad de acción colectiva es más amplia. Es necesaria la cooperación internacional para abordar los problemas urgentes y apremiantes que el mundo afronta: crisis energéticas y alimentarias, pandemias actuales y futuras, deuda, desarrollo y cambio climático.
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Jean-Marc Fournier es Economista en la División de Política y Supervisión Fiscales del Departamento de Finanzas Públicas del FMI. En el FMI, ha desarrollado un modelo para analizar la orientación fiscal y proporcionar asesoramiento fiscal a un conjunto de países, que incluyen Bélgica, Côte d’Ivoire, Francia, India, Japón, México y Estados Unidos. Con anterioridad, fue Economista en el Departamento de Economía de la OCDE, profesor adjunto de econometría y economista en el Departamento de Predicciones a Corto Plazo del Insee (el instituto francés de estadísticas). Es autor de publicaciones científicas sobre política fiscal, desigualdad de ingresos, macroeconomía, la crisis financiera y econometría. Tiene títulos universitarios de la École Polytechnique y de la École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique.
Vitor Gaspar, de nacionalidad portuguesa, es Director del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Antes de incorporarse al FMI ocupó diversos altos cargos relacionados con la formulación de políticas en el Banco de Portugal, incluido el más reciente en calidad de Asesor Especial. Fue Ministro de Estado y Hacienda de Portugal durante 2011–13. Dirigió la Oficina de Asesores de Política Europea de la Comisión Europea durante 2007–10 y fue director general de investigación en el Banco Central Europeo de 1998 a 2004. El Sr. Gaspar tiene un doctorado y un agregado posdoctoral en Economía de la Universidade Nova de Lisboa; también cursó estudios en la Universidade Católica Portuguesa.
Paulo Medas es Jefe de División en el Departamento de Finanzas Públicas del FMI y supervisa el informe Monitor Fiscal del FMI. Previamente, ocupó diversos cargos en los Departamentos de Europa y del Hemisferio Occidental del FMI. Fue Representante Residente del FMI en Brasil en 2008–11. Ha dirigido misiones de fortalecimiento de las capacidades en varios países. Ha estudiado temas como reglas fiscales, gobernanza y corrupción, crisis fiscales y gestión de los recursos naturales.
Roberto Accioly Perrelli es Economista principal en la División de Política y Supervisión Fiscales, en el Departamento de Finanzas Públicas del FMI, en donde también participa en la preparación del informe Monitor Fiscal del FMI. Ha formado parte de los equipos de Brasil, Grecia, Irlanda y Sudáfrica, entre otros, y dirigió el ejercicio de aprendizaje automático sobre vulnerabilidades para crisis externas. A lo largo de su carrera ha desarrollado conocimientos especializados sobre una amplia gama de cuestiones de políticas, como reestructuración de deuda soberana, consolidación fiscal y crisis de balanza de pagos. Tiene una maestría en Estadística y doctorado en Economía de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos.
